Revistazo, 19 noviembre de 2010

¡19 personas asesinadas se registran ya! Por eso la Plataforma de Derechos Humanos y la Plataforma Agraria demandan al gobierno de “Pepe” Lobo respetar, promover, garantizar y hacer efectivos los derechos humanos de los pobladores de la zona.

Preocupados antes la situación a la que se enfrentan los campesinos del Bajo Aguan, por la disputa de tierras con el terrateniente Miguel Faccusé, que ya cobra la vida de más de una docena de personas y ha dejado en desamparo a las viudas y sus hijos, la Plataforma de Derechos Humanos y la Plataforma Agraria demandan DE Lobo una urgente política de protección de derechos humanos en la zona.

De agosto del 2008 a septiembre de 2009 se han contabilizado entre 17 y 19 muertos resultado del conflicto entre campesinos de la comunidad Guadalupe Carney  y los terratenientes de la zona.

La disputa y la denuncia: 700 manzanas de tierra que se afirma, le pertenecen a la comunidad Guadalupe Carney, y las que también se asegura fueron tomadas por la fuerza por el terrateniente Miguel Faccusé, para la siembra de palma africana.

“Condenamos enérgicamente el ataque brutal del que fueron víctimas los miembros del Movimiento Campesino del Aguan (MCA) el lunes 15 de noviembre de 2010, en la finca El Tumbador, Trujillo, departamento de Colón”, manifestaron en comunicado de prensa la Plataforma de Derechos Humanos y la Plataforma Agraria.

El integrante del Movimiento Unificado Campesino del Aguán –MUCA- Rudy Hernández, expresó que la muerte de sus compañeros solo representa la dignidad de su movimiento y que no detendrá la lucha y la busca de sus conquistas.

Los integrantes del MUCA exigen al presidente Porfirio Lobo que se movilice a la zona del Aguan para que se cerciore quienes son los que están armados y que a partir de ello adopte las medidas que el caso amerita.

Por su parte Santos Cruz, representante del Movimiento Campesino del Aguan  -MCA- anunció que se formarán “frentes” para dar inicio a negociaciones con el gobierno.  “Somos nueve frentes, de nueve departamentos los que nos uniremos, solo con la unidad podremos ganar”, sostuvo.

Los representantes del MCA y el MUCA, insisten en decir que si el gobierno no  da respuesta a la problemática, “vendrán situaciones raras”.

Antecedentes del conflicto

En la conferencia de prensa, las organizacioesn que integran las plataformas dieron a conocer una serie de antecedentes, con lo que explican el conflicto.

En 1977, Temístocles Ramírez, ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño, compró 5 mil 700 hectáreas pagando 165 mil Lempiras en la costa del departamento de Colón, en flagrante violación a la Constitución de la Republica, Carta Magna  que prohíbe que los extranjeros puedan ser propietarios de territorios costeros y de zonas fronterizas.

En el marco de la estrategia de la doctrina de la seguridad nacional, en 1983, los Estados Unidos obligaron al gobierno de Honduras a instalar el Centro Regional de Entrenamiento Militar –CREM- y este se vio obligado a expropiar a Ramírez.

En 1987, este personaje apeló al gobierno de los Estados unidos, exigiendo una indemnización por "sus" tierras.  El 29 de junio de ese año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos acordó reducir  en 17 millones de dólares un préstamo a Honduras de US $ 51 millones hasta  que el gobierno hondureño le pagara a Temístocles esa suma millonaria. Estas tierras fueron compradas con deuda externa.

Las tierras quedaron tituladas como tierras fiscales a nombre del Estado de Honduras.

En 1991, en el gobierno de Callejas se proclamó la nueva Ley de Municipalidades, según la cual se permitía a los municipios vender todas las tierras no tituladas, nacionales y ejidales. La municipalidad de Trujillo vendió las tierras del CREM a ganaderos locales por sólo 20 a 30 lempiras la hectárea.

Así, lo que al gobierno le costó 17 millones de dólares, lo vendió la municipalidad por menos de 50 mil. Fueron ventas ilegales porque las tierras del CREM no eran ejidales ni nacionales (sin título), sino tierras tituladas a favor del Estado.

En 1993, la Procuraduría traspasó formalmente  estas tierras al INA para que las distribuyera entre campesinos y campesinas sin tierra. Pero el conflicto violento no concluyó ahí. Aun cuando las compras habían sido ilegales, los terratenientes exigieron que el Estado de Honduras les pagara las mejoras y los gobiernos cedieron  pagándoles 105 millones de Lempiras.

De agosto del 2008 a septiembre de 2009 se cuentan entre 17 y 19 muertos resultado del conflicto entre campesinos de la Comunidad Guadalupe Carney y los terratenientes. Desafortunadamente el conflicto no concluyó ahí.

Hace algunos años Miguel Faccusé  cultivó con palma africana 700 manzanas que pertenecen a esa comunidad.  De acuerdo a la versión  de los campesinos de la comunidad Guadalupe Carney, Miguel Faccusé  se tomó esas tierras ilegalmente junto con otros terratenientes del lugar: René Morales y el diputado nacionalista Oscar Nájera.

Como los campesinos sabían que esas tierras les pertenecían, nueve meses atrás las tomaron. Pero Miguel Faccusé reaccionó y los desalojo con la utilización de aproximadamente 300 guardias de seguridad. Esta situación dio pie a que se iniciaran negociaciones entre los campesinos del MCA y Miguel Faccusé, partiendo del reconocimiento de parte del terrateniente que esas tierras no le pertenecían. Lo que se discutía entonces era el pago de las mejoras, pretendiendo, como ha sido su costumbre, de aprovecharse de los recursos del Estado hondureño.

Las negociaciones se realizaron con mucha lentitud y la participación del INA no estuvo a la altura de lo que le manda la ley, dejando espacio a la violencia.

Los integrantes de las plataformas en mención, exhortan a los organismo de derechos humanos, gobiernos y organismos supranacionales, presionar a Porfirio lobo para que detenga la violencia que tanto daño causa a los pobladores del valle del aguan.

Exigen la investigación de los asesinatos, la persecución  y castigo para los actores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en e-l bajo aguan, así como la implementación de la legislación vigente decreto legislativo 18-2008, para resolver el caso del CREM.

Finalmente hicieron un llamado urgente a las organizaciones con vínculos internacionales para que denuncien las acciones criminales, los militares, la policía y la empresa privada de Honduras contra campesinos (as) que luchan por un derecho a una vida digna mediante el acceso a la tierra que les corresponde de acuerdo a las leyes de la república y los convenios internacionales.

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