Una espiral de asesinatos y crímenes envuelve a Guatemala. El asesinato del cantante Facundo Cabral el sábado es sólo el más reciente ejemplo de la crisis de seguridad de un país colonizado por los carteles del narcotráfico, amenazado por formaciones paramilitares y asolado por pandillas de jóvenes expulsados de Estados Unidos.

“Del mismo modo que ante el vidrio con azogue podemos ver nuestra imagen personal con ojos de desconsuelo o con mirada optimista, lo que estas páginas nos ofrecen podemos leerlo con la lente del pesimismo, pero igual tenemos la opción de ver la dura realidad aquí reflejada como el desafío de cuánto aún debemos enmendar, de cuánto aún debemos construir”, afirma el procurador Sergio Fernando Morales Alvarez, autor del último informe publicado por la Procuraduría de Derechos Humanos guatemalteca. El documento es lapidario y exige respuestas inmediatas. Desnuda la vulnerabilidad de los derechos humanos en ese país y se presenta como espejo de la violencia que se ensaña con los sectores más postergados. En 2010 se produjeron 5960 casos de muerte violenta para una población de apenas 14 millones 361 mil 666 habitantes; una tasa de 41,5 homicidios cada 100 mil habitantes. El 85 por ciento de esas muertes fueron provocadas por armas de fuego, dice el informe. Según ese estudio, las víctimas adultas se encuentran en un rango de edad que va de los 18 a los 25 años. Muertes jóvenes y evitables.

El informe –disponible en pdh.org.gt en su versión completa– aporta algunas claves. También desnuda la falta de políticas públicas. “Si el Estado no protege a sus ciudadanos no se puede evitar la violencia; si persisten la pobreza y la desatención de sectores vulnerables como mujeres, niñez y adolescencia, no se erradica la violencia.”

Sin embargo, el país centroamericano no escapa a una historia marcada por la violencia paraestatal. Marco Tulio Alvarez, director de los Archivos de la Paz de la Secretaría de la Paz de la Nación, asegura que lo que ocurre no es totalmente ajeno a la guerra civil que desgarró a su país. Afirma, además, que en ese período se sentaron las bases para el accionar de los cuerpos paralelos o aparatos clandestinos de seguridad que asuelan a Guatemala.

Alvarez considera que, durante la contrainsurgencia, se articuló una infraestructura de recursos de inteligencia que formaron el capital de aquellos oficiales que actuaban en las instituciones armadas. “Con el final de la guerra se llegó a la hipótesis de que seguía funcionando una estructura paralela al Estado”, analiza el titular de Archivos por la Paz. De alguna manera, no se descarta que esos ex militares participen en el armado de las nuevas organizaciones criminales. Alvarez estima que, en algunos casos, se observa que no son delincuentes comunes quienes llevan adelante determinadas operaciones criminales, sino que existe una aceitada organización detrás de esos delitos. “Eso implica la participación de una infraestructura de alto nivel”, señala.

Desde un trabajo de recuperación de la memoria histórica, Alvarez afirma que en los análisis realizados sobre el modo de operar del aparato militar en tiempos de dictadura, pudo determinarse que se habían ejercido ciertas prácticas propias de una guerra contrasubversiva; acciones que pasaron por alto normas legales y garantías constitucionales. “De alguna manera, esas prácticas crearon un sistema y una forma de funcionar de esos aparatos paraestatales, influyendo e infiltrando al propio Estado”, considera Alvarez, y evalúa que es probable que algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad colaboren con estos aparatos.

“Es bastante claro que en nuestro país funcionan este tipo de cuerpos. Esa es la razón de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). No sólo en el asesinato de Facundo Cabral sino en muchos otros casos estamos viendo una alta capacidad para operar donde las fuerzas estatales son limitadas en su accionar”, agrega. El avance de estos hechos de violencia coincide, según Alvarez, con un deterioro cada vez mayor de la seguridad. “Lo que nos está faltando es poder ubicar a esos aparatos clandestinos favorecidos por el narcotráfico, la delincuencia y ex militares”, dice y admite que no es fácil llegar hasta la médula del problema porque hay una estructura que disfraza la situación. Alvarez menciona el caso del general Héctor Mario López Fuentes, uno de los generales al frente del Estado Mayor en 1982. “Siento que estos oficiales participaron en prácticas muy duras, indudablemente cobraron cuotas y pasaron a formar parte de un grupo emergente que se enriqueció. A diferencia de los argentinos, nosotros todavía no hemos podido avanzar en el juzgamiento de estos criminales, eso está bloqueando la posibilidad de que tengamos nuestro nunca más.”

El informe anual de la PDH guatemalteca fue presentado en enero. Entre sus 1200 páginas, Morales Alvarez lanza un interrogante que demanda una acción inmediata de las autoridades: “Lo hemos dicho de viva voz y ahora lo ponemos por escrito: frente al pesimismo generalizado debemos preguntarnos, si Guatemala ya tocó fondo, ¿vamos a seguir saltando en ese fondo para hundirnos más? Mi respuesta es ¡No!”.